Esta nota intenta delinear brevemente el panorama de la producción cinematográfica nacional en la actualidad, retrocediendo algunos años en el tiempo y prestando atención a las estadísticas.

La Ley del Cine, Mahárbiz, ¿y después?

La validez del uso del termino “industria” para referirse a la cinematografía nacional, en los últimos cuarenta años, no deja de ser un hecho conflictivo y generador de interminables discusiones. Unicamente refiriéndonos a la denominada “época de oro” comprendida entre las décadas del ‘30 y el ‘50, no se nos impugnará la posibilidad de recurrir a la problemática palabra. En cuanto a los últimos años, en un marco de producción muy irregular, el suceso más importante de la última década fue sin duda la controvertida Ley del Cine 24.377 sancionada en el mes de septiembre de 1994. La reglamentación e instrumentación de la misma produjo hasta la fecha una innumerable serie de conflictos, la mayor parte de ellos relacionados a la concepción que el gobierno de turno tiene sobre la actividad cinematográfica. El problema fundamental de la Ley del Cine es análogo al de otras leyes en nuestro país: en la práctica no se respetan.

La gestión de Julio Mahárbiz al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (I.N.C.A.A.), durante el periodo de gobierno menemista, ha sido justamente cuestionada por distintos sectores del medio. Entre otros errores, la puesta en marcha y la implementación de la nueva ley continuó beneficiando a los sectores más poderosos, contradiciendo lo que podríamos denominar el verdadero espíritu que debe tener la legislación: el fomento del desarrollo no sólo de una industria sino también de una cultura cinematográfica. Fomento que significa crear y asegurar un espacio apto para la diversidad, y que evite restringir el apoyo a los films que aseguren un éxito comercial, o bien que contengan una intencionalidad política concordante con la ideología dominante. Los subsidios otorgados a Sapucay, mi pueblo (Fernando Siro, 1997) y Comisario Ferro (Juan Rad, 1998), películas ideológicamente reaccionarias y carentes de la más mínima propuesta estética, demuestran qué tipo de política se aplicaba.

La Ley del Cine estaba acompañada de un importante presupuesto para el fomento cinematográfico, pero la distribución de ese tesoro que supo conseguirse fue, en reiteradas ocasiones, nefasta. Si se necesitan más ejemplos de esta situación solo basta recordar los injustificables millones que se derrocharon en la reedición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (1996) o la seguidilla de películas surgidas a raíz de las oscuras alianzas entre el Instituto y el Multimedios Artear. La historia de la gestión de Julio Mahárbiz como director del I.N.C.A.A. implica sin lugar a dudas la escritura de un ensayo extenso. Estas líneas son sólo una breve introducción que nos encuadra en la gestión José Miguel Onaindia y la producción 2001.

¿Un cambio de rumbo?

José Miguel Onaindia asumió la dirección del I.N.C.A.A. a fines del año 1999, luego del triunfo eleccionario de la Alianza. Si bien, al igual que Mahárbiz, Onaindia no pertenecía al medio, su llegada al Instituto fue aceptada y apoyada por distintos sectores del ámbito cinematográfico, debido a que en sus pergaminos estaba inscripta cierta aura de honestidad y probada eficacia como hombre de leyes. La transformación más relevante generada en la nueva gestión se relacionó a la concesión de créditos y al reconocimiento de costos definitivos de producción (la cantidad de resoluciones y decretos acumulados desde el año 1994 hasta el 2000 que modificaban la normativa de créditos, derivó en que a mediados de agosto del 2001 se publique un cuerpo reglamentario único concentrando todos los cambios). Otro de los hechos significativos fue la cancelación en el otorgamiento de subsidios previos a la realización de largometrajes. He aquí que, desde el año 2000, sólo es posible conceder créditos a la producción y la coproducción de películas nacionales previa presentación del proyecto, el cual debe contener el guión técnico, el posible reparto y los costos finales de producción, entre otros requisitos. El promedio del crédito que otorga el Instituto ronda desde esa fecha el 35 % sobre el presupuesto final del film.

Una ley con fracturas

La actual reglamentación todavía no ha podido superar graves inconvenientes. La falta de controles y las desparejas posibilidades para poder contar con una buena campaña publicitaria influyó, de forma paradójica, en la consolidación de otra industria paralela: la de las facturas truchas. De aquí que se haya convertido en una práctica habitual “sobredimensionar” el costo de un film para cubrir completamente el valor del mismo, desligándose el productor de las consecuencias de un posible fracaso comercial. Otro punto delicado es el subsidio por venta de entradas. Actualmente se ha derogado el artículo que aseguraba una importante suma al productor por el mero hecho de estrenar el film (del cual varios oportunistas han sabido beneficiarse a tiempo estrenando cualquier cosa). Sin embargo, además del subsidio por medios electrónicos (estreno en televisión y video), también se otorga un subsidio por entradas vendidas. En consecuencia, una empresa productora poderosa puede invertir unos cuantos pesos en la compra de entradas, acción que le significará recuperar esa inversión acrecentada en forma de subsidio, brindado por el I.N.C.A.A.

La D.A.C (Directores Argentinos Asociados), en uno de sus boletines llamados infoDAC emitido en marzo del 2001, señala asimismo otras cuestiones que considera importantes para mejorar la situación del cine nacional. Entre los puntos más relevantes podemos mencionar:

• El rechazo al ajuste del 50 % sobre el presupuesto del I.N.C.A.A., realizado por el poder ejecutivo

• La reglamentación de la Ley del Cine solicitando que se cumplan los ítems que protegen a los realizadores del salvaje “libre mercado”, a saber: cuota de pantalla, subsidio por medios electrónicos, medias de continuidad, etc.

• Elaboración y aprobación de una Ley de Radiodifusión que además de contemplar los intereses de las empresas de televisión nacional, contemple los intereses del cine argentino, ya que éste constituye uno de los soportes de la programación televisiva

En un país tercermundista como el nuestro, el correcto funcionamiento del organismo que regula la actividad cinematográfica es fundamental. Dejando de lado las posibles teorías que no consideran al cine como práctica artística, es indiscutible que para su existencia resulta determinante disponer de medios económicos. Para acrecentar la producción, y para que el mercado no se devore las realizaciones nacionales, es imprescindible la función del Estado. Creemos en este sentido que toda política cultural debe incluir el apoyo a quienes poseen menos recursos, no solo en lo concerniente a la producción, sino también en lo referido a los circuitos de distribución y exhibición. Uno de los pasos que restan concretar se encuentra precisamente en esa dirección: intervenir directamente en la distribución y la exhibición, verificando que se respeten los artículos 10º, 11º, 12º y 13º de la ley sobre la cuota de pantalla.

La cruel palabra de los números

Las estadísticas nos permiten sospechar que seguramente a fin de año se superará la cantidad de estrenos del año anterior. Pero el abultado número de estrenos contrasta duramente con las escasas recaudaciones obtenidas durante el primer semestre del año, las cuales cayeron un 47 % con respecto al mismo período del 2000. Para justificar el fenómeno no alcanza con remitirnos al brutal descenso en el consumo, asociado a la recesión económica que viene sufriendo el país durante este año. Estos datos sirven para confirmar que la política crediticia debe estar acompañada de un programa sólido que abarque la difusión, la distribución y la exhibición de las películas. De lo contrario, el esfuerzo del Instituto queda a mitad de camino, ya que seguir produciendo de esta manera beneficia solo a unos pocos.

Como consecuencia de esta sobre-producción, es posible observar un amplio conjunto de films que se encuentran terminados o en etapa de post-producción. En los últimos tres años se ha producido una especie de cuello de botella fruto de la escasa exhibición. Estamos hablando de 103 películas terminadas (o casi terminadas) que esperan la oportunidad de un estreno, sin mencionar las 33 que se encuentran actualmente en etapa de rodaje. El número acumulado seguirá acrecentándose mientras no se halle una solución al problema de la exhibición. Las opiniones al respecto son de lo más variadas: algunos sostienen que es necesario reducir la producción y exigir mayor calidad artística; muchos exhibidores opinan que más allá de la calidad de los films, no hay un mercado amplio y estable en la Argentina para tan amplia producción. A otros directamente no les preocupa en absoluto la baja cantidad de audiencia y sólo piensan en seguir filmando, de cualquier forma la recuperación de costos estaría asegurada con el cobro del subsidio por medios electrónicos.

Lo que vendrá

En los últimos años los cambios han sido muchos. Por un lado, los índices permiten divisar la disminución en los costos de producción y la realización de películas cada vez más económicas. Por otro lado, los sucesivos llamados a concurso del Instituto promoviendo los créditos para el primer y segundo largometraje, dan como resultado que el 43 % de los estrenos del año 2000 y el 60 % de los estrenos de este año sean óperas primas. Esta situación, además de la novedad en los estrenos, hace efectivo el cambio generacional que se preveía algunos años atrás con el aumento significativo de la cantidad de estudiantes de cine. Estos factores, sumados a las posibilidades para filmar que se han abierto gracias al económico formato digital, auguran un cine distinto.

Sin embargo, el debate alrededor de la potencial consolidación de un “nuevo cine argentino” –que estudiosos y críticos vienen manteniendo desde la aparición de Pizza, birra, faso (Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, 1997) y Mundo grúa (Pablo Trapero, 1999), y que continúa con los recientes éxitos internacionales en festivales obtenidos por La ciénaga (Lucrecia Martel, 2000) y La libertad (Lisandro Alonso, 2001)– parece resultar ajeno al público ya que ninguna de estas películas ha superado los 100.000 espectadores. Frente a estas cifras, como sucedió en los años anteriores, las películas nacionales más taquilleras del 2001 son aquellas que están financiadas y patrocinadas por medios televisivos: El hijo de la novia (Juan José Campannella - Polka), La fuga (Eduardo Mignona - Telefé) y Chiquititas (Luis Mazza - Telefé).

En esta coyuntura, la solución de los graves problemas que aquejan a gran parte de las películas argentinas reside en gran medida en la consolidación de mecanismos que incluyan la publicidad, la distribución y la exhibición de las películas subsidiadas. Este quizás sea el futuro desafío de las instituciones oficiales interesadas en el cine argentino.

* Datos brindados por el I.N.C.A.A. (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), S.I.C.A. (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) y D.A.C (Directores Argentinos Cinematográficos)